Señor Presidente: No más “palmaditas de hipocresía”
Prensa CODHES, 30 de junio de 2010. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció 284 hechos violatorios de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el sur occidente del país y calificó la respuesta del gobierno como “palmaditas de hipocresía”.
En
un duro comunicado el CRIC se refirió al reciente atentado con el ex gobernador
indígena Dagoberto Musse y a la intención de la fiscalía de desviar la
investigación y a un allanamiento sin orden judicial atribuido al Ejército en
hechos ocurridos el 18 de junio en el municipio de Cajibío.
En
el comunicado conocido hoy por CODHES se denuncia tanto a la Fuerza Pública
como a grupos guerrilleros y paramilitares de “ocupación militar (…) a
los territorio étnicos y a los sitios sagrados, bombardeos y hostigamiento a
poblados, incursión y afectación a viviendas y bienes civiles, detenciones
arbitrarias y reclutamiento forzado de menores, amenazas, masacres, asesinatos
y desplazamiento forzado, así como presencia de minas antipersonas en más de 5
territorios indígenas y campesinos, cuyas explosiones han dejado como resultado
3 muertos y 14 heridos, donde varias de sus víctimas eran menores de edad (uno
muerto y dos heridos)”.
El
texto del comunicado del CRIC es el siguiente:
El
pasado 16 de junio, la fiscalía recibió la denuncia sobre el atentado que
sufrió Dagoberto Musse, exgobernador indígena del resguardo Chxa Yu´ce Fxiw,
ubicado en el municipio de Cajibío, Cauca, del cual salio ileso pero al tiempo
recibió un mensaje donde le anunciaban que él y su familiar Alcides Muse,
actual integrante de la Consejería Mayor CRIC, tenían dos meses para salir de
su territorio bajo la amenaza de ser asesinados.
Llaman
la atención dos situaciones detectadas en el memorial de denuncia: Una referida
a que la fiscalía registró el hecho como realizado por subversivos, cuando el
testimonio de la víctima indicó que los atacantes fueron individuos
desconocidos que portaban armas de largo alcance, vestían de negro y uno de
ellos cubría su rostro con pasamontañas. Dos: No aparecen registradas las
vainillas recogidas en el sitio de los acontecimientos y que habían sido
aportadas como prueba al momento de presentar la denuncia.
Otra
situación lamentable fue denunciada por la Autoridad Tradicional del cabildo
indígena de Cofradía del mismo municipio de Cajibio, donde se responsabiliza al
ejército nacional de haber realizado un allanamiento sin orden judicial. El
hecho sucedió el pasado 18 de junio a las 8:30 de la mañana, y fue perpetrado
por dos individuos que portaban armas de largo y corto alcance, uno de ellos
con prendas militares y el otro vestido de civil, quienes intimidaron al joven
Andrés Felipe Volverás, colocándole un arma de fuego en la cabeza mientras lo
acusaban de ser guerrillero y le preguntaban dónde se hallaba el resto de sus
compañeros. Igual suerte sufrió el comunero del lugar, señor Libio Casamachín,
a quien obligaron a quitarse la ropa, le tomaron fotografías y lo amenazaron
con matarlo si lo veían nuevamente por esos lugares
Días
antes, 15 de junio, la Audiencia Pública Interétnica realizada en Santander de
Quilichao, norte del Cauca, más de 7 mil comuneros indígenas, afros y
campesinos, denunciaban que en un lapso de seis meses se han presentado, solo
en el norte del Cauca, 284 hechos violatorios de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario, los cuales permanecen en la más absoluta
impunidad.
Las
cifras, por demás escalofriantes, se refieren a ocupación militar de actores
legales e ilegales a los territorio étnicos y a los sitios sagrados, bombardeos
y hostigamiento a poblados, incursión y afectación a viviendas y bienes
civiles, detenciones arbitrarias y reclutamiento forzado de menores, amenazas,
masacres, asesinatos y desplazamiento forzado, así como presencia de minas
antipersonas en más de 5 territorios indígenas y campesinos, cuyas explosiones
han dejado como resultado 3 muertos y 14 heridos, donde varias de sus víctimas
eran menores de edad (uno muerto y dos heridos).
Mientras
el gobierno nacional pregona por todos los medios a su servicio que en el país
se desmontaron estructuras criminales, las amenazas contra las organizaciones
sociales por parte de los grupos paramilitares continúan, lo cual ha sido
denunciado por el CRIC expresando que la guerra, en territorios indígenas, “…se
ha usado como distractor para invisibilizar las jornadas de resistencia que han
realizado nuestros pueblos en Corinto, Caloto, Toribío, Jambaló, Caldono y
Tierradentro entre otros. Ha contribuido, de igual forma, con las instituciones
para que no cumplan plenamente sus compromisos, como en el caso de la
secretaría de educación en el departamento del Cauca. Por otra parte ha
permitido que las multinacionales ingresen a nuestros territorios activando la
violencia que siembra desolación y muerte, como se observa dramáticamente en la
mayoría de los municipios del Cauca, especialmente en Morales, Buenos Aires y
Suárez”.
El
mismo oficio llamaba la atención frente al hecho “…. que las motivaciones de
las amenazas paramilitares durante los últimos ocho años, sean las mismas que
usan los voceros del gobierno para referirse al accionar de los movimientos
sociales y de las organizaciones de derechos humanos…”
En
consecuencia, el CRIC reitera lo expresado en el comunicado emitido el pasado 9
de junio y sobre el cual el gobierno nacional ha mantenido un silencio
absoluto: “… se requiere que el gobierno colombiano explique ante la opinión
pública sobre su distancia o relación con dichos grupos, ya que éstos ratifican
su continuidad y accionar pleno. Tal coincidencia conceptual y tanta reserva
institucional conllevan a crear un clima de complacencia gubernamental con el
accionar criminal de los paramilitares o por lo menos se puede intuir un
silencio cómplice.”
De
igual forma, ante los últimos acontecimientos de amenaza y violencia, la
Consejería Mayor CRIC demanda del Estado colombiano variar su comportamiento
mediático con el cual distrae a la opinión pública y emita una política
concertada con los pueblos indígenas por medio de la cual las instituciones
detengan los discursos discriminatorios y garanticen la vida, los territorios y
en general todos los derechos de nuestros pueblos, autoridades tradicionales y
comunidades tal como se lo ordena la Constitución Política de Colombia, los
tratados internacionales y la Declaración Universal de los Pueblos indígenas
aprobada por la Asamblea general de las Naciones Unidas.
No
se puede permitir que el gobierno siga dándole “palmaditas de hipocresía” a
la OPIC, como es su costumbre para engañar a la opinión pública y gastarse los
recursos que le pertenecen a los pueblos indígenas. Es urgente tratar los
problemas de fondo, como se lo hemos planteado a la mayoría de los funcionarios
del orden nacional y departamental y al mismo presidente Uribe en diversos
escenarios locales, regionales y nacionales, quienes los han soslayado haciendo
vigente la propia expresión presidencial: como ha sido “…la costumbre de
muchos politiqueros”.
Algo
tiene que cambiar en este país, lo urgente es que el gobierno tome distancia de
los planteamientos de los grupos ilegales, en caso contrario, los entes de
control deben iniciar de oficio procesos de investigación frente al
comportamiento institucional, en especial, el del gobierno nacional por su
cercanía conceptual con el lenguaje de las amenazas o por su omisión ante tanta
violencia contra los pueblos indígenas del Cauca.
Dado
el contexto actual, resumido por la Corte Constitucional en su Auto 004, una
amenaza contra una Autoridad Tradicional como ha sucedido en dos territorios
indígenas del municipio de Cajibío o contra alguno de los integrantes de la
Consejería CRIC puede entenderse como una amenaza contra todo el proceso
organizativo de los pueblos indígenas del Cauca, situación que debe ser
atendida con urgencia por el Estado colombiano.
