Así las cosas, desde esta fecha ha entrado en todo su vigor la competencia de la Corte Penal Internacional –CPI- para la investigación y juzgamiento, en los términos de los artículos 5 a 8 del Estatuto, del crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión, que se cometan en Colombia bien, por los agentes del Estado o por cualquiera de los actores armados al margen de la ley, entre los que se cuenta el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, graves actos de violencia sexual, el desplazamiento forzado por la violencia y el confinamiento de comunidades.

Más allá de constituirse en la noticia del momento, cabe preguntarse si el levantamiento de la reserva efectuada hace siete años y por tanto la entrada en vigor de este instrumento, con la respectiva competencia plena de la CPI para la investigación y juzgamiento, entre otros, de los delitos en cita, se erige como una esperanza para las víctimas de las mencionadas infracciones al DIH, delitos penales y violaciones sistemáticas a los DDHH, de hacer efectivos su derecho a la verdad, justicia y reparación.

Lo anterior, por cuanto la complejidad misma del instrumento plantea algunos obstáculos para su plena eficacia frente a las miles de personas víctimas de la violencia en el país.

En primer lugar, aún cuando el objetivo fundamental del Tratado de Roma y por tanto de la CPI es poner fin a la impunidad reinante en el marco de la comisión de delitos graves como los planteados en el mismo texto del Tratado, no debe olvidarse que la competencia de la Corte es subsidiaria y residual, es decir, tan solo ante el agotamiento de las instancias internas y de haber demostrado la impunidad  interna, se puede acudir a la misma, por cuanto es deber del Estado ejercer los mecanismos propios de su jurisdicción contra los responsables de crímenes graves y de trascendencia ante la comunidad internacional, situación que impone a las víctimas demostrar que acudieron y agotaron, todas las instancias posibles antes de tener la posibilidad de acudir a la CPI.

También está el criterio de la no retroactividad del instrumento, es decir que el levantamiento de la salvedad y la correspondiente jurisdicción de la CPI operará hacia el futuro, lo que resulta bastante cuestionable en tratándose de delitos de ejecución permanente en el tiempo, como es el caso del reclutamiento y utilización de niños y niñas en las hostilidades y el desplazamiento forzado de población.

Por último, no debe olvidarse que desde la ratificación misma del instrumento, la CPI a través de sus diversas instancias y órganos de investigación, ha tenido conocimiento de algunas infracciones al DIH cometidas en Colombia, sin que se haya conocido hasta el momento, los resultados de dichas investigaciones.