Bogotá ,Prensa CODHES, 12/11/2008. Durante el gobierno del presidente Uribe  un total de 114.259 integrantes de los grupos armados ilegales han sido dados de baja en acciones de la Fuerza Pública que permitieron muertes en combate, capturas o deserciones, señaló hoy la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES.

En el informe titulado Las cifras no cuadran,  basado en datos del Ministerio de la Defensa, la organización no gubernamental señala que la cifra  “resulta sorprendente” y agrega que de ser cierta “mostraría que los grupos al margen de la Ley han tenido o tienen más integrantes de lo que se sospechaba (…) de ser exagerada, quedan muchas dudas en torno a la  verdad de los informes sobre la efectividad y los resultados de la política de seguridad”

Según el informe, “el gobierno sostiene que 19.263 personas, pertenecientes a grupos armados al margen de la Ley e integrantes de la Fuerza Pública  murieron en este período (2202-septiembre de 2008), lo que significa que, en promedio cada día pierden la vida 7.8 colombianos en acciones armadas en Colombia.  El Ministerio de Defensa incluye 12.713 “subversivos abatidos” (Farc, Eln, Erg y “disidencias”), lo mismo que 2.602 integrantes de las “autodefensas ilegales” y de las “bandas criminales” y 3.948 integrantes de la Fuerza Pública, a los que incluye en la categoría de “asesinados”.

La controversia por las cifras se produce en momentos en que ocurre un remezón en la cúpula militar por ejecuciones extrajudiciales atribuidas a unidades del Ejército, que presentaron cadáveres de civiles ejecutados extrajudicialmente y presentados como combatientes dados de baja.

CODHES dice que hay “gran margen de duda sobre las bajas reales, ficticias y “prefabricadas” en las unidades militares comprometidas” y reclama acciones específicas para evitar que los hechos se repitan y para que se esclarezca la verdad.

Además, el informe sugiere que los llamados “falsos positivos” van más allá de las ejecuciones extrajudiciales y comprometen las cifras sobre capturados y desertores que presenta el Ministerio de Defensa.

 El informe concluye con seis recomendaciones específicas para superar lo que CODHES considera “delitos de lesa humanidad” que agravan la crisis de derechos humanos en el país.

·   Asegurar la NO REPETICION, es decir, que esta práctica sea abolida en todas las unidades militares y de policía y asegurar controles para tal fin.

·    Investigar, desde la justicia civil, para identificar los culpables (autores materiales e intelectuales) y proferir las condenas a que haya lugar, asegurando todas las garantías a los inculpados.

·     Establecer las responsabilidades políticas, porque no se puede circunscribir la sanción sólo en los mandos operativos.

·     Revisar la directiva 029 del Ministerio de Defensa para aplicar los correctivos necesarios.

·   Revisar las cifras del Ministerio de Defensa para que se conozca la verdad sobre los resultados de la política de seguridad democrática en materia de muertos en combate, capturados y desmovilizados.

·     Revisar a fondo de la política de seguridad democrática desde los derechos humanos

·   Propiciar todas las garantías a las ONG de derechos humanos, nacionales e internacionales, para que sigan adelantando su legítima labor. No contribuyen a crear un clima propicio para la defensa, promoción y realización de los derechos humanos la descalificación de sus defensores.

Al final CODHES sostiene que “la mejor defensa de la institucionalidad, de la democracia, del rol de la Fuerza Pública y el deber del gobierno no se hace ocultando la verdad, negando o justificando los hechos o limitando la acción ejemplarizante sólo en algunos militares” y advierte que el compromiso de las autoridades debe ser es “a fondo y en serio” porque “la comunidad internacional está vigilante, en términos políticos y judiciales”.