Más asombrosa que la cifra revelada por ACNUR sobre los 3.5 millones de desplazados en Colombia, fue la respuesta desatinada del canciller Araujo desestimando datos emitidos por el propio  gobierno.

La reacción airada y contundente con que el canciller colombiano Fernando Araujo controvirtió anoche  los datos revelados por el informe de ACNUR sobre desplazamiento y refugio en el mundo, en el que Colombia aparece como el segundo país con mayor número de  desplazados, 3.5 millones de personas en esta condición, dejó impresionados a muchos pero preocupados a los expertos en el tema.

Araujo aseguró a los medios de comunicación desde España, en donde se encontraba reunido con el canciller de ese país que “Esas  cifras son inciertas, inconsistentes y dispares, no hay formas efectivas de medir el fenómeno. Estas cifras no revelan la realidad de las causas del desplazamiento. Recibimos esas cifras como indicativas pero no como un dato preciso, exacto, porque distorsionan la realidad colombiana"

En lo que el canciller no reparó,  pero sí lo hicieron varios expertos en el tema del desplazamiento fue en que la cifra de 3.5 millones de personas en condiciones de desplazamiento tomada por ACNUR de la Corte Constitucional colombiana es la misma que admite la Agencia Presidencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional, entidad encargada de la atención a la población desplazada y cuyo director Luis Alfonso Hoyos ha citado en varias ocasiones como el cálculo total de los desplazados en el país, entre los admitidos por el  sistema de registro SIPOD y los que aun no se han podido registrar.  .

Araujo aseguró que la cifra de ACNUR desdibuja la realidad del país y que entre los desplazados a que se refiere ACNUR hay personas cuyas razones para desplazarse son ajenas al conflicto y tiene que ver con factores culturales

Frente a lo dicho por el Canciller, el presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, Marco Romero,  asegura que lo dicho por el funcionario refleja un total desconocimiento del funcionario sobre la realidad del fenómeno en el país y no busca otra cosa que un efecto mediático.

Romero asegura que “ No solo la cifra en la que se basa ACNUR es la misma que ha citado en varias ocasiones el director de Acción Social como cálculo del total de desplazados en Colombia, sino que el mismo gobierno admite  que su sistema de tiene un alto nivel de subregistro que según la Procuraduría General de la nación alcanza un 40%.

Frente a las afirmaciones de Araujo sobre que a pesar de las crecientes dimensiones del fenómeno  el gobierno ha venido prestando ayuda a más de dos millones de desplazados a través de la oficina de Acción Social, Romero sostiene  que si bien el gobierno ha hecho algunos esfuerzos importantes en el tema de registro y ayuda humanitaria de emergencia, las falencias son grandes al punto que la Corte Constitucional se ha visto obligada a dictar sentencias y autos para garantizar una mejor atención en temas de salud vivienda y educación.