Prensa CODHES. Junio 20 de 2012. En un análisis efectuado en el programa radial el Gran Debate con Adolfo Beck de Radio Santa Fe, el director de CODHES Marco Romero, resaltó la importancia de la implementación de la Ley de Víctimas en un país que enfrenta una historia de más de 40 años de conflicto interno.

“Yo creo que la Ley de Víctimas es el resultado de un proceso, ya largo en Colombia, que en su historia republicana no ha tenido más de 40 años de paz, pero sí muchos acuerdos que terminaron en amnistías entre liberales y conservadores y desde los años 50 ha habido amnistías con los grupos armados de izquierda, pero los derechos de las víctimas siempre estuvieron al margen”, destacó Romero.

 

El director de CODHES explicó que en cuanto a justicia transicional, es necesario “conciliar propósitos de convivencia, con derechos de las victimas” ; recordó que este es un “aporte latinoamericano del periodo de la transición de las dictaduras a la democracia” y agregó que “la justicia transicional tiene menos de 20 años, y obviamente en Colombia, los primeros pasos en esta dirección se dieron gracias a la jurisprudencia de las cortes y que reconocieron abiertamente los derechos de las víctimas por intermedio de la ley de Justicia y Paz”.

 

Romero aseguró que con “el uribismo se aplicó impunidad total, cero cárcel, cero restitución de tierras, cero reparación para los paramilitares. Era una Ley simplemente para una amnistía total y fue la presión internacional la que abrió el campo para que el Congreso considerara los derechos de las víctimas y posteriormente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional fue la que le dio más fuerza a este concepto”. 

 

Sin embargo, Marco Romero destacó que “este triunfo e inclusión parcial de los derechos de las víctimas no ha tenido resultados importantes con la Ley de Justicia y Paz”. 

 

Puntualizó que “ahora la Ley de Víctimas amplía el espectro de los derechos de las víctimas, pero esto ocurre después de siete años de que la Corte Constitucional ha venido insistiendo en el incumplimiento de otras leyes como la de desplazados” y advirtió que estas normas no estaban basadas en conceptos de justicia y reparación, sino en la atención prioritaria de las víctimas, “bajo el argumento de que el Estado no estuvo en capacidad de atenderlas y así evitar que fueran victimizadas”. 

 

Por último, explicó que “la Ley 387 dio una serie de órdenes que aun no se han cumplido y la Corte tuvo que declarar un estado de cosas inconstitucionales”.