Sabado 25 de Mayo de 2013
¿Cuáles son las razones políticas que animan la protesta social este 30 de mayo?

Codhes saluda y se solidariza con la movilización que adelantan las centrales obreras de Colombia el día Miércoles 30 de Mayo, en defensa del carácter publico de la salud, la justicia, la educación y los derechos laborales, entre otras justas causas.

Como es habitual la ministra de Educación se ha opuesto a esta movilización y ha argumentado que el paro compromete  el derecho a la educación de los niños. Es cierto que toda interrupción del servicio genera esa consecuencia, pero se trata de una afectación subsanable en el periodo de tiempo que resta del calendario escolar.

 

La movilización social de los trabajadores es muy importante para asegurar que el país cuente con un Estado de Derecho y un sistema democrático arraigado en las prácticas sociales.

 

En primer lugar, porque las políticas de privatización han afectado de manera estructural el acceso de los sectores populares e incluso de clases medias a los servicios de salud y educación. En nuestro país el acceso a la salud y la educación tradicionalmente ha estado afectado por la precariedad de las instituciones públicas y desde los años 90 por la radicalización de reformas privatizadoras que en términos generales han asegurado grandes ganancias al sector privado y un deterioro del acceso a estos derechos. El país ha visto como se resquebraja el modelo de mercantilización de la salud en medio de la desviación de los recursos y la pésima calidad de los paquetes de atención. La consecuencia es obvia: millones de acciones de Tutela, movilizaciones sociales de trabajadores y usuarios de la salud y sentencias estructurales de la Corte Constitucional como único camino para que los derechos fundamentales no se conviertan en una caricatura o en un adorno que acompaña el negocio de las empresas promotoras de salud. En el campo de la Educación hay que reconocer que fue el Alcalde Luis Eduardo Garzón y su secretario Abel Rodríguez, quienes revirtieron la tendencia del modelo de educación contratada que se ideó para financiar con recursos públicos a un sector privado en crisis en medio del empobreciendo de a población.

 

Las sentencias que ha dictado el tribunal constitucional en los últimos años sobre Salud, Educación, Derechos de la Población en Situación de Desplazamiento y Consulta Previa a los pueblos indígenas y afrodescendientes,  constituyen no sólo un reconocimiento de las profundas falencias de la política social del Estado colombiano, sino el verdadero camino de construcción de un Estado Social de Derecho. En un país acostumbrado al desconocimiento y la violación de los derechos humanos o a su reconocimiento puramente nominal, estas sentencias son la base para que los derechos empiecen a ser tomados en serio, después  de 20 años de la Constitución de 1991. Sin embargo, no son pocas las voces oficiales y del mundo político que critican estas decisiones con el argumento ligero de que afectan el sistema de división de poderes o las que pretenden imponer la camisa de fuerza de una versión antisocial de la “sostenibilidad fiscal”. En este sentido, resulta necesario advertir que el país espera que el Consejo de Estado evalúe con toda la responsabilidad del caso la nominación de los nuevos integrantes de la Corte. Un paso atrás en esta materia implicaría un retroceso monumental para la legitimidad del sistema judicial e institucional.

 

Pero la segunda dimensión tiene que ver con el valor de la movilización y de la organización social para un sistema democrático. En toda Europa Occidental hemos visto las grandes movilizaciones sociales, que son producto de la construcción de un movimiento sindical fuerte que ha sido pieza fundamental para la construcción de los sistemas de protección social.  La organización de los trabajadores y de los diferentes sectores sociales es fundamental para la solución democrática de los conflictos y para afianzar una paz duradera. Por el contrario, el desarrollo de una cultura y un sistema político antisindical deja la sociedad sin barreras de protección frente a las avalanchas políticas o ideológicas que producen los modelos de polarización política.