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Codhes saluda y se solidariza con la movilización que
adelantan las centrales obreras de Colombia el día Miércoles 30 de Mayo, en
defensa del carácter publico de la salud, la justicia, la educación y los
derechos laborales, entre otras justas causas.
Como es habitual la ministra de Educación se ha opuesto a
esta movilización y ha argumentado que el paro compromete el derecho a la educación de los niños. Es
cierto que toda interrupción del servicio genera esa consecuencia, pero se
trata de una afectación subsanable en el periodo de tiempo que resta del
calendario escolar.
La movilización social de los trabajadores es muy importante
para asegurar que el país cuente con un Estado de Derecho y un sistema
democrático arraigado en las prácticas sociales.
En primer lugar, porque las políticas de privatización han
afectado de manera estructural el acceso de los sectores populares e incluso de
clases medias a los servicios de salud y educación. En nuestro país el acceso a
la salud y la educación tradicionalmente ha estado afectado por la precariedad
de las instituciones públicas y desde los años 90 por la radicalización de
reformas privatizadoras que en términos generales han asegurado grandes
ganancias al sector privado y un deterioro del acceso a estos derechos. El país
ha visto como se resquebraja el modelo de mercantilización de la salud en medio
de la desviación de los recursos y la pésima calidad de los paquetes de atención.
La consecuencia es obvia: millones de acciones de Tutela, movilizaciones
sociales de trabajadores y usuarios de la salud y sentencias estructurales de la Corte Constitucional
como único camino para que los derechos fundamentales no se conviertan en una
caricatura o en un adorno que acompaña el negocio de las empresas promotoras de
salud. En el campo de la
Educación hay que reconocer que fue el Alcalde Luis Eduardo Garzón
y su secretario Abel Rodríguez, quienes revirtieron la tendencia del modelo de
educación contratada que se ideó para financiar con recursos públicos a un
sector privado en crisis en medio del empobreciendo de a población.
Las sentencias que ha dictado el tribunal constitucional en
los últimos años sobre Salud, Educación, Derechos de la Población en Situación
de Desplazamiento y Consulta Previa a los pueblos indígenas y afrodescendientes, constituyen no sólo un reconocimiento de las
profundas falencias de la política social del Estado colombiano, sino el
verdadero camino de construcción de un Estado Social de Derecho. En un país
acostumbrado al desconocimiento y la violación de los derechos humanos o a su
reconocimiento puramente nominal, estas sentencias son la base para que los
derechos empiecen a ser tomados en serio, después de 20 años de la Constitución de 1991.
Sin embargo, no son pocas las voces oficiales y del mundo político que critican
estas decisiones con el argumento ligero de que afectan el sistema de división
de poderes o las que pretenden imponer la camisa de fuerza de una versión
antisocial de la “sostenibilidad fiscal”. En este sentido, resulta necesario
advertir que el país espera que el Consejo de Estado evalúe con toda la
responsabilidad del caso la nominación de los nuevos integrantes de la
Corte. Un paso atrás en esta materia
implicaría un retroceso monumental para la legitimidad del sistema judicial e
institucional.
Pero la segunda dimensión tiene que ver con el valor de la
movilización y de la organización social para un sistema democrático. En toda
Europa Occidental hemos visto las grandes movilizaciones sociales, que son
producto de la construcción de un movimiento sindical fuerte que ha sido pieza
fundamental para la construcción de los sistemas de protección social. La organización de los trabajadores y de los
diferentes sectores sociales es fundamental para la solución democrática de los
conflictos y para afianzar una paz duradera. Por el contrario, el desarrollo de
una cultura y un sistema político antisindical deja la sociedad sin barreras de
protección frente a las avalanchas políticas o ideológicas que producen los
modelos de polarización política.
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