Miércoles 19 de Junio de 2013
Desplazamiento masivo de indígenas Jiw en el Sur del Meta
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Prensa CODHES, 31 de Agosto 2011. 79 miembros del Resguardo Caño La Sal, situado en el municipio de Puerto Concordia – Meta, entre quienes se encuentran 34 menores de edad, se vieron obligados a abandonar su territorio tras recibir amenazas por parte de grupos armados que operan en la zona.

El desplazamiento se produjo entre el viernes 26 y el sábado 27 de agosto cuando un grupo de familias de los sectores Centro La Sal, Tayrona y La Ye del mencionado resguardo se desplazaron  hacia la vereda El Limón, situada en la ribera del Río Guaviare, área colindante de los departamentos del Meta y Guaviare;  que constituye el territorio tradicional del Pueblo Jiw.

Luego de pasar dos días a orillas del Río Guaviare, buscar protección en resguardos del mismo pueblo Jiw y tras largas caminatas, este grupo de familias llegó a la cabecera municipal de San José del Guaviare el martes 30 de agosto, demandando atención de las instituciones encargadas de garantizar sus derechos.

A partir de esta noche, este grupo de personas se ha ubicado en el Coliseo La Esperanza del municipio de San José del Guaviare, en carpas provistas por la Cruz Roja Colombiana, y hasta donde ha empezado a llegar lentamente la atención de urgencia; responsabilidad de la alcaldía municipal y la Gobernación del Guaviare.

CODHES hace un llamado a las instituciones gubernamentales para que se responda de forma efectiva a esta situación humanitaria, y se garanticen los derechos de las familias indígenas obligadas a desplazarse del Resguardo Caño La Sal. En particular, se espera que las entidades territoriales de nivel municipal y departamental activen los planes de contigencia diseñados para atender este tipo de emergencias y se garanticen las condiciones de dignidad para afrontar la grave situación de esta comunidad.

En igual sentido, las instituciones que integran el SNAIPD tienen la responsabilidad de activar los mecanismos necesarios para proteger los derechos de estas familias y garantizar que este pueblo,  que ha sido declarado en riesgo por la Corte Constitucional, pueda permanecer en su territorio en condiciones de seguridad y dignidad.