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Conversatorio “EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL SISTEMA DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN”

Invitación Primer Encuentro sobre Desplazamiento Forzado

 

 

Primer Conversatorio

El Desplazamiento Forzado en el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación

EVENTO CERRADO -DIÁLOGO DE EXPERTOS

 

 

Fecha: martes 5 de diciembre de 2017

Lugar: Casa España - Cl. 35 #16-42

Hora: 8:00 a.m.

 

 

Objetivo Específico

Avanzar en un primer ejercicio de discusión colectiva experta respecto a la Verdad y la Justicia desde la perspectiva de los derechos de la población desplazada en Colombia, y de la población refugiada o en necesidad de protección internacional, con los enfoques diferenciales étnicos, etarios y de género. 

 

 

Metodología

La metodología tiene como propósito proponer una discusión respecto, de diferentes asuntos que se consideran fundamentales para el abordaje del Desplazamiento Forzado en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, reparación y Garantías de No repetición - SIVJR. Se proponen paneles de discusión que permitan dar una mirada desde lo internacional, nacional y local (desde las regiones del país), realizando un intercambio de saberes con los y las participantes. Cada espacio tendrá una relatoría especializada que permita recoger las principales conclusiones y recomendaciones por tema abordado. 

 

Descargue la Agenda del Primer Conversatorio sobre: El Desplazamiento Forzado en el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación Aquí

 

 

 

 

Balance retornos, reubicaciones, integración local y restitución de derechos territoriales en Buenaventura

 

Balance retornos, reubicaciones, integración local y restitución de derechos territoriales en Buenaventura

 

CODHES, ACNUR y el Servicio Jesuita a Refugiados realizan en Buenaventura un taller participativo en materia de retornos, reubicaciones, integración local y restitución de derechos territoriales para impulsar acciones de incidencia que en el contexto local promuevan la protección de los derechos de la población víctima de desplazamiento forzado.

 

 

Tras la firma del Acuerdo entre el Gobierno Colombiano y las FARC y el reciente anuncio del cese al fuego por parte del ELN, tanto a nivel nacional como a nivel local, en Colombia se siguen presentando retos humanitarios y de desarrollo para transformar la realidad de la población internamente desplazada. En este marco, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES), el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR Colombia) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) han articulado esfuerzos para realizar un taller participativo que tiene como objetivo hacer un balance en materia de retornos, reubicaciones, integración local y restitución de derechos territoriales para impulsar acciones de incidencia que en el contexto local promuevan la protección de los derechos de la población víctima de desplazamiento forzado de cara al mapeo de entidades y organizaciones con proyectos concretos en soluciones duraderas y a la formulación de propuestas específicas para fortalecer las apuestas en el territorio en materia de soluciones duraderas.

 

Contexto

El desplazamiento forzado en Colombia es probablemente la mayor consecuencia humanitaria en casi 60 años de conflicto armado interno, pues la sistematicidad de dicho fenómeno, inacabado hasta nuestros días, reporta el acumulado de 7.176.886 víctimas según el Registro Único de Victimas (RUV) de la UARIV, al 1 de junio de 2017. Razón por la cual no es exagerado caracterizar a Colombia como una Nación Desplazada (CNMH, 2015)[1]. De tal manera, Colombia presenta la segunda peor crisis de desplazados forzados en el mundo superada solo por Siria que reporta 12 millones de personas, entre refugiados y desplazados (ACNUR, 2017). Y es, a su vez, la mayor crisis humanitaria en Latinoamérica.

Por su parte, Buenaventura es uno de los municipios con las cifras más altas en materia de desplazamiento forzado acumulado en Colombia, con 176.685 personas desplazadas, de un aproximado de 450.000 habitantes, según la UARIV. De acuerdo con el ACNUR, hasta el año 2007, el 75% del desplazamiento se concentraba de forma dispersa en 125 municipios de Colombia, mientras que, según el Consejo Noruego para Refugiados (NRC por sus siglas en ingles), en 2013, el 60% de los desplazamientos se concentró en 13 municipios, incluyendo a Buenaventura[2].

 

Adicionalmente, Buenaventura, tiene los indicadores más altos en cuanto a desplazamiento forzado intraurbano se refiere, pues desde el año 2000, Buenaventura ha sufrido diversas crisis humanitarias, de las cuales, cabe resaltar la más reciente entre los años 2012 y 2014. En dicho período de tiempo, según el RUV de la UARIV 59.747 personas se desplazaron al interior de la ciudad.  Solo en el año 2013, según el CNMH (2015) la victimización alcanzó la escalofriante cifra de 78 personas desplazadas diariamente, mientras que entre los años 2000 y 2014, se registraron 28 víctimas de desplazamiento forzado diarias en promedio.

 

De tal manera, en paralelo a casi 15 años de crisis humanitarias sostenidas, donde casi el 50% de la población de Buenaventura se ha desplazado, se ha impulsado un modelo de desarrollo económico que ha representado grandes ingresos para la Nación y diversos grupos privados. Sin embargo, tal desarrollo no ha correspondido con una mejora en las condiciones de vida de la población de Buenaventura, y por añadidura de la población víctima de desplazamiento forzado que en su mayoría pertenece a comunidades étnicas (CODHES, 2012)[3].

 

Por lo anterior, el Acuerdo entre el Gobierno Colombiano y las FARC abre una ventana de oportunidades para impulsar acciones estructurales en la búsqueda de promover  soluciones sostenibles para las víctimas del desplazamiento forzado en Buenaventura. No obstante, y particularmente para Buenaventura, es importante advertir que la terminación del conflicto armado es insuficiente para garantizar la protección de los derechos de las personas desplazadas y en riesgo. En este sentido, tal y como se ha visto últimamente en la zona del Bajo San Juan, la reacomodación de actores armados ilegales ha recrudecido el contexto de violencia en la región, continuando las afectaciones sobre las comunidades étnicas asentadas en la zona, que entre confinados y desplazados suma al menos 7.000 personas según datos de la UARIV. Además, desde mayo de 2017, diversos sectores de la sociedad civil en Buenaventura, organizados alrededor del masivo Paro Cívico Para Vivir con Dignidad y Paz en el Territorio, vienen negociando y exigiendo al Gobierno Nacional la implementación de un Fondo Autónomo que sirva para mejorar estructuralmente las condiciones sociales de Buenaventura mediante un plan de desarrollo que contempla 10 años de ejecución.

 

Por ello, y como lo recomienda el “Marco de soluciones duraderas para los desplazados internos (ONU, 2010), los desplazados “sea que regresen a sus hogares (retorno), se asienten en otra parte de su país (reubicación) o intenten integrarse al lugar al que llegaron (integración local), suelen enfrentar problemas persistentes y requieren apoyo hasta lograr una solución duradera a su desplazamiento” y con ello romper con el ciclo de dependencia en mecanismos de asistencia humanitaria, que en definitiva no son  suficientes para alcanzar soluciones sostenibles a la problemática del desplazamiento forzado.

 

DESCARGAR AGENDA DEL EVENTO

 


[1]Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). 2015. Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá.

[2]Consejo Noruego para Refugiados (NRC). 2014. Desplazamiento forzado y violencia sexual basada en género. Buenaventura Colombia: Realidades brutales. Colombia.

[3]Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (CODHES). 2012. Desplazamiento forzado y soluciones duraderas. Ediciones Antropos. Bogotá, Colombia.

 

CONCILIACIÓN EN EL CONGRESO REVIVE NUEVAMENTE INHABILIDADES CONTRA MAGISTRADOS ESCOGIDOS PARA LA JEP

CONCILIACIÓN EN EL CONGRESO REVIVE NUEVAMENTE INHABILIDADES CONTRA MAGISTRADOS ESCOGIDOS PARA LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ. CODHES ALERTA DE VIOLACIÓN A DERECHO A DEBIDO PROCESO EN CASO DE APROBARSE ESTE PUNTO DE LA CONCILIACIÓN.

 

Hoy será votada en plenaria de Senado y Cámara la conciliación del proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El parágrafo del artículo 104 del Informe de conciliación presentado ayer dejaría inhabilitadas a por lo menos a 18 personas, de las 51 escogidas para conformar el Tribunal de Paz y las salas de la JEP en calidad de magistrados y magistradas.

 

 

Por Equipo de Incidencia Jurídica de CODHES

 

De conformidad con un análisis de CODHES de los perfiles de las 51 personas escogidas para conformar el Tribunal de Paz y las salas de la JEP en calidad de magistradas y magistrados (incluyendo suplentes), por lo menos 18 de ellas incurrirían en las causales generales de imposibilidad de asumir el cargo contempladas en el parágrafo del artículo 104 del informe de conciliación del proyecto de ley estatutaria JEP.

 

CODHES reitera que dichas causales son abiertamente inconstitucionales e impertinentes, también su incorporación posterior a la selección de las y los magistrados, es violatoria de su derecho al debido proceso. Lo primero por cuanto desde la perspectiva constitucional, las inhabilidades o incompatibilidades hacen referencia a la incapacidad, ineptitud o inhabilidad de una persona para el desempeño de un empleo, lo cual imposibilitaría el ejercicio de las funciones. El trabajo en derechos humanos y el litigio sobre el mismo aún en contra del Estado son garantía de idoneidad para el ejercicio del cargo de magistrado o magistrada de la JEP.  Se trata de cualidades que por lo demás fueron apreciadas por el Comité de Escogencia en coherencia con el contexto en el que se inserta la JEP, cuál es un sistema para garantizar los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos en el marco de la solución pacífica de un conflicto armado complejo y escalonado.

 

Las inhabilidades son por definición circunstancias negativas para ejercer un cargo específico. En este caso, el cargo exige experticia práctica, teórica y académica en derechos humanos pues sus destinatarios/as principales son víctimas de violaciones a dichos derechos. De allí se desprende también la abierta impertinencia de dichas causales, pues atentan contra las finalidades constitucionales de este tipo de figuras, las cuales, según la Corte Constitucional, están orientadas a exigir "a quienes aspiran a ingresar al servicio público y en particular a la administración de justicia, el cumplimiento de requisitos tanto genéricos como específicos que garanticen la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de las altas responsabilidades estatales" (Sentencia C-509 de 1994). En este caso, la probidad de los futuros y futuras magistradas cuando éstas han presentado experiencia académica y litigiosa en la defensa de los derechos humanos, está más que asegurada en el contexto específico del objeto de la JEP, que es servir de mecanismo jurisdiccional del sistema de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición en casos de violaciones a tales derechos en el marco del conflicto armado.

 

Finalmente, hay una violación flagrante al debido proceso pues como ha sostenido el profesor Rodrigo Uprimny, este tipo de causales deben incorporarse al ordenamiento jurídico con anterioridad al nombramiento del respectivo servidor o servidora pública.

 

RED DE MIGRACIÓN HAITIANA

 RED DE SEGUIMIENTO A LA MIGRACIÓN HAITIANA

En el marco del 1er Foro de Migración Haitiana, realizado en Cartagena en mayo de 2017, representantes de organismos de la cooperación internacional, universidades y organizaciones de derechos humanos, de migrantes y de la sociedad civil en general en Haití, Estados Unidos, México, Colombia, República Dominicana, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Canadá, crearon la Red de Migración Haitiana, un escenario que trabaja conjuntamente para la incidencia y el seguimiento a las acciones de los Estados en materia migratoria desde un enfoque de derechos.

 

En esta página encontrará información sobre las acciones de la Red.

 

 

2do FORO DE LA MIGRACIÓN HAITIANA

30 de noviembre y 1ro de Diciembre

Miami Dade College

CONOZCA LA INFORMACIÓN AQUÍ 

 

 

 

 1ER FORO DE LA MIGRACIÓN HAITIANA

25 y 26 de Mayo de 2017

CARTAGENA

CONOZCA LA DECLARACIÓN FINAL DEL FORO AQUÍ

 

 

 

¿POR QUÉ ESTÁ EN RIESGO EL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS A LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN EL FAST TRACK?

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, expresa su preocupación frente a algunas modificaciones de la Ley de Víctimas (Ley 1448) y la Ley de Tierras en particular frente al tema de Restitución de Tierras que de quedar como proponen los proyectos del Gobierno, podrían representar la regresividad de los derechos de las víctimas de desplazamiento y despojo.

 

Noviembre de 2017. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, expresa su preocupación frente a algunas intenciones del Gobierno Nacional en sus últimos proyectos de modificación a la Ley de Víctimas o Ley 1448 de 2011 y la Ley de Tierras.

 

En la Observancia permanente que CODHES realiza a la Política de Restitución de Tierras, encuentra que los proyectos de modificación porpuestos a las Leyes, tienen 3 medidas regresivas para los derechos de las víctimas de desplazamiento y despojo como:

 

1. Las personas y familias en situación de desplazamiento que hayan retornado a los predios no serán sujetos de restitución de tierras:

 

De acuerdo con la más reciente versión de la propuesta de modificación a la Ley 1448 de 2011, quienes hayan retornado no serán sujetos de restitución de tierras. La principal razón para considerar que esta es una medida regresiva para los derechos de las víctimas de desplazamiento y de despojo es que se atenta contra la integralidad de la reparación tal como está considerada en la Ley 1448 de 2011. Lo cierto es que, según los datos:

 

 El 0,1% de las ordenes proferidas por jueces y magistrados de restitución es de entrega simbólica por que ya ha existido retorno, esto significa que estos casos no implican una importante presión a la política y en cambio sí permiten en promedio 17 órdenes adicionales por caso que aportan a la integralidad de la reparación y su vocación transformadora. Esto garantiza la sostenibilidad de la restitución y el retorno. Las medidas más frecuentes son:

  

o Exoneración de pasivos: Permiten condonar deudas de impuestos e hipotecas con el Banco Agrario que no se pagaron como consecuencia del desplazamiento.

o Protección Jurídica de la Restitución: Esta medida evita el despojo posterior a la restitución por vías formales, por ejemplo, ventas forzadas.

o Proyectos Productivos y Medidas específicas a mujeres, entre otras.

 Mientras el Retorno no es garantía de restitución en el contexto que propone el Gobierno Nacional, la Restitución si es un incentivo para el Retorno.

Según la Primera Encuesta Nacional de Retornos, realizada por CODHES el 72,6% de las personas que reciben una sentencia con la restitución material efectivamente retorna a sus tierras. En términos de soluciones duraderas y el derecho a la reparación integral y transformadora la relación entre la restitución y el retorno es fundamental.

 

2. La restitución de tierras será medida suficiente de reparación integral para las víctimas de desplazamiento y despojo:

 

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, actualmente hay 7.8 millones de víctimas de desplazamiento Forzado, de estas 7.7 millones se desplazaron después de 1991 (periodo para la restitución), y según la II Encuesta Nacional de Verificación 52,2% de las víctimas de desplazamiento fueron víctimas de despojo o abandono forzado, esto significa que debe haber alrededor de 4 millones personas sujeto de restitución de tierras. La URT ha inscrito en el registro a 74.405 personas.

 

Es decir, que la URT solamente ha avanzado con el 1,8% de los casos y el 98,2% está incluso sin identificar, solamente por restitución que es una de las medidas. Por lo que, la restitución de tierras es solamente una medida de reparación y no la reparación integral y transformadora.

 

3. El tiempo para solicitar la restitución de tierras las víctimas tendrán un año a partir del despojo o el abandono forzado:

 

Para tomar como ejemplo el Registro Único de Protección a Tierras Abandonadas – RUPTA-, a partir de su creación (2000), el 67% de las solicitudes de protección a predios fueron después de 2 años de haberse desplazado, y el 32% después de 5 años y el 4% después de 10 años o más.

Es decir, el 90% de las solicitudes de protección se presentaron dentro de los primeros 10 años y no en el primer año.

 

 

 INFOGRAFÍA - DESCARGUE LA INFOGRAFÍA EN PDF AQUÍ

 

 

 

Notas de Prensa

 

W RADIO: Denuncian que fast track pone en riesgo el derecho de las víctimas a la restitución.

Caracol Radio: Denuncian que derecho de víctimas a la restitución de tierras en el FastTrack podría estar en riesgo

El Universal: En riesgo derecho de las víctimas a la restitución

RCN RADIO: Víctimas de los Montes de María manifiestan abandono en temas de restitución de tierras

Noticias Uno: 

 

 

 

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