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Balance retornos, reubicaciones, integración local y restitución de derechos territoriales en Buenaventura

 

CODHES, ACNUR y el Servicio Jesuita a Refugiados realizan en Buenaventura un taller participativo en materia de retornos, reubicaciones, integración local y restitución de derechos territoriales para impulsar acciones de incidencia que en el contexto local promuevan la protección de los derechos de la población víctima de desplazamiento forzado.

 

 

Tras la firma del Acuerdo entre el Gobierno Colombiano y las FARC y el reciente anuncio del cese al fuego por parte del ELN, tanto a nivel nacional como a nivel local, en Colombia se siguen presentando retos humanitarios y de desarrollo para transformar la realidad de la población internamente desplazada. En este marco, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES), el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR Colombia) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) han articulado esfuerzos para realizar un taller participativo que tiene como objetivo hacer un balance en materia de retornos, reubicaciones, integración local y restitución de derechos territoriales para impulsar acciones de incidencia que en el contexto local promuevan la protección de los derechos de la población víctima de desplazamiento forzado de cara al mapeo de entidades y organizaciones con proyectos concretos en soluciones duraderas y a la formulación de propuestas específicas para fortalecer las apuestas en el territorio en materia de soluciones duraderas.

 

Contexto

El desplazamiento forzado en Colombia es probablemente la mayor consecuencia humanitaria en casi 60 años de conflicto armado interno, pues la sistematicidad de dicho fenómeno, inacabado hasta nuestros días, reporta el acumulado de 7.176.886 víctimas según el Registro Único de Victimas (RUV) de la UARIV, al 1 de junio de 2017. Razón por la cual no es exagerado caracterizar a Colombia como una Nación Desplazada (CNMH, 2015)[1]. De tal manera, Colombia presenta la segunda peor crisis de desplazados forzados en el mundo superada solo por Siria que reporta 12 millones de personas, entre refugiados y desplazados (ACNUR, 2017). Y es, a su vez, la mayor crisis humanitaria en Latinoamérica.

Por su parte, Buenaventura es uno de los municipios con las cifras más altas en materia de desplazamiento forzado acumulado en Colombia, con 176.685 personas desplazadas, de un aproximado de 450.000 habitantes, según la UARIV. De acuerdo con el ACNUR, hasta el año 2007, el 75% del desplazamiento se concentraba de forma dispersa en 125 municipios de Colombia, mientras que, según el Consejo Noruego para Refugiados (NRC por sus siglas en ingles), en 2013, el 60% de los desplazamientos se concentró en 13 municipios, incluyendo a Buenaventura[2].

 

Adicionalmente, Buenaventura, tiene los indicadores más altos en cuanto a desplazamiento forzado intraurbano se refiere, pues desde el año 2000, Buenaventura ha sufrido diversas crisis humanitarias, de las cuales, cabe resaltar la más reciente entre los años 2012 y 2014. En dicho período de tiempo, según el RUV de la UARIV 59.747 personas se desplazaron al interior de la ciudad.  Solo en el año 2013, según el CNMH (2015) la victimización alcanzó la escalofriante cifra de 78 personas desplazadas diariamente, mientras que entre los años 2000 y 2014, se registraron 28 víctimas de desplazamiento forzado diarias en promedio.

 

De tal manera, en paralelo a casi 15 años de crisis humanitarias sostenidas, donde casi el 50% de la población de Buenaventura se ha desplazado, se ha impulsado un modelo de desarrollo económico que ha representado grandes ingresos para la Nación y diversos grupos privados. Sin embargo, tal desarrollo no ha correspondido con una mejora en las condiciones de vida de la población de Buenaventura, y por añadidura de la población víctima de desplazamiento forzado que en su mayoría pertenece a comunidades étnicas (CODHES, 2012)[3].

 

Por lo anterior, el Acuerdo entre el Gobierno Colombiano y las FARC abre una ventana de oportunidades para impulsar acciones estructurales en la búsqueda de promover  soluciones sostenibles para las víctimas del desplazamiento forzado en Buenaventura. No obstante, y particularmente para Buenaventura, es importante advertir que la terminación del conflicto armado es insuficiente para garantizar la protección de los derechos de las personas desplazadas y en riesgo. En este sentido, tal y como se ha visto últimamente en la zona del Bajo San Juan, la reacomodación de actores armados ilegales ha recrudecido el contexto de violencia en la región, continuando las afectaciones sobre las comunidades étnicas asentadas en la zona, que entre confinados y desplazados suma al menos 7.000 personas según datos de la UARIV. Además, desde mayo de 2017, diversos sectores de la sociedad civil en Buenaventura, organizados alrededor del masivo Paro Cívico Para Vivir con Dignidad y Paz en el Territorio, vienen negociando y exigiendo al Gobierno Nacional la implementación de un Fondo Autónomo que sirva para mejorar estructuralmente las condiciones sociales de Buenaventura mediante un plan de desarrollo que contempla 10 años de ejecución.

 

Por ello, y como lo recomienda el “Marco de soluciones duraderas para los desplazados internos (ONU, 2010), los desplazados “sea que regresen a sus hogares (retorno), se asienten en otra parte de su país (reubicación) o intenten integrarse al lugar al que llegaron (integración local), suelen enfrentar problemas persistentes y requieren apoyo hasta lograr una solución duradera a su desplazamiento” y con ello romper con el ciclo de dependencia en mecanismos de asistencia humanitaria, que en definitiva no son  suficientes para alcanzar soluciones sostenibles a la problemática del desplazamiento forzado.

 

DESCARGAR AGENDA DEL EVENTO

 


[1]Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). 2015. Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá.

[2]Consejo Noruego para Refugiados (NRC). 2014. Desplazamiento forzado y violencia sexual basada en género. Buenaventura Colombia: Realidades brutales. Colombia.

[3]Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (CODHES). 2012. Desplazamiento forzado y soluciones duraderas. Ediciones Antropos. Bogotá, Colombia.

 

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