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REPARACIÓN COLECTIVA

LA APUESTA CAMPESINA POR LA REPARACIÓN

 

El próximo 23 de agosto la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC, presentará en Bogotá su propuesta para la construcción de una ruta de reparación colectiva para el campesinado. La propuesta hace parte del proceso participativo que la Asociación ha adelantado en la construcción participativa de lineamientos conceptuales, políticos, técnicos y metodológicos para el desarrollo de Procesos de Reparación Colectiva de comunidades y organizaciones campesinas apoyada por CODHES en cooperación con USAID.

 

Desde hace 1 año la ANZORC viene adelantando esta apuesta como una manera de caracterizar el daño a los sujetos y organizaciones campesinas y dar visibilidad a su situación. Las principales víctimas del conflicto armado en el país han sido habitantes de zonas rurales: campesinos, indígenas y afro descendientes, quienes han padecido de manera más permanente el desarrollo del conflicto y sus violaciones. La UARIV registra alrededor de 7.844.527 víctimas del conflicto armado, de las cuales 6.883.513 son víctimas de desplazamiento forzado, lo que hace presumir que son campesinos y campesinas. Por su parte, la III Encuesta Nacional de Verificación de los derechos de la población desplazada, calcula el total de hectáreas despojadas por la población campesina asciende a 6,6 millones de hectáreas, el equivalente al 12,9% de la superficie agropecuaria del país.

 

Además de los datos de desplazamiento forzado, se identifican por parte de las organizaciones campesinas de ANZORC otras violaciones a los derechos humanos asociadas al conflicto armado, como son: confinamiento, restricciones a la movilidad, bloqueos económicos, alimentarios y sanitarios, despojo y abandono de tierras y bienes patrimoniales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras vulneraciones del derecho a la vida, así como detenciones, hostigamientos y criminalización de las comunidades y las organizaciones campesinas.


Sin embargo, a la hora de poner en cifras los daños y las afectaciones diferenciales sufridas por el campesinado, y especialmente por las mujeres campesinas, resulta difícil encontrar datos oficiales. Esto debido a que no se ha hecho nunca un reconocimiento del carácter diferencial del campesinado, en términos culturales, sociales y económicos, lo que se evidencia entre otros factores en:

 

i) el campesino como sujeto figura una sola vez en la Constitución de 1991 equiparándose éste con el trabajador agrario, lo que se puede entender como una precaria presencia, que aunada a la inexistencia de mecanismos de protección constitucional a sus derechos diferenciales y a las formas de territorialidad campesina, llega a constituirse en una exclusión del marco constitucional;

ii) la inexistencia de cifras y datos estadísticos oficiales desagregados sobre población campesina; por poner un ejemplo, el DANE desagrega el censo
poblacional entre las cabeceras municipales y el resto, sin que lo rural y/o lo campesino sea considerado una variable cualitativa y/o analítica de interés;

iii) en toda la historia del país sólo se han realizado 3 Censos Nacionales Agropecuarios (1960, 1970 y 2014), este último tuvo lugar 44 años del último
inventario, y a la fecha sólo se conocen informes parciales.


En lo referente a la identificación de las afectaciones sufridas por el campesinado por la acción directa del conflicto armado, la Ley de Víctimas se quedó corta en varios aspectos: en primer lugar no contempló el enfoque diferencial campesino en el reconocimiento de las víctimas, lo que se ha traducido en que el Registro Único de Víctimas no desagrega del total de víctimas registradas cuántos son campesinos y campesinas. En consecuencia no existen lineamientos para la reparación colectiva de comunidades campesinas, que permitan una reparación diferencial efectiva, coherente, eficaz y acorde con las particularidades sociales, políticas, económicas y culturales de esta población.


Esta realidad hace urgente la construcción de criterios diferenciales para el desarrollo de procesos de reparación colectiva a comunidades y organizaciones campesinas que, con la debida sustentación conceptual, técnica y política, permitan reconocer las afectaciones específicas que este sujeto colectivo ha sufrido en el marco del conflicto armado, de forma que se supere el vacío identificado. El desarrollo de una ruta metodológica que permita identificar estas afectaciones diferenciales, contribuirá a la reconstrucción del tejido social fragmentado por las violaciones a derechos humanos y particularmente por el despojo en territorios rurales, de forma que sea posible promover un desarrollo social y comunitario equitativo que garantice el goce efectivo de derechos, aporte al fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina y de las estructuras organizativas y asociativas comunitarias, cuya sostenibilidad a largo plazo será garantía de la permanencia en los territorios.

 

El evento se realizará en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. 

 

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