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Intervenciones Ciudadanas de CODHES ante la Corte Constitucional

Revisión de constitucionalidad en los Decretos y Leyes expedidos para la Implementación

del Acuerdo de Paz desde un enfoque de centralidad de las víctimas

  

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES-, presenta las Intervenciones Ciudadanas que hasta la fecha ha presentado ante la Corte Constitucional como parte de su trabajo de incidencia desde el postulado de garantizar la Centralidad de las Víctimas en la implementación del Acuerdo de Paz.

 

Los argumentos de cada una de las intervenciones, como soporte para el estudio jurídico de los decretos, leyes y actos legislativos expedidos hasta el momento en el trámite de implementación y que pasan examen en la Corte Constitucional, pretenden alentar el espíritu del Acuerdo de Paz respecto a la garantía de los derechos de las víctimas. 

 

Vea también:

- Los Decretos del Presidente y su impacto para las Víctimas. Un análisis de CODHES sobre algunos Decretos Ley expedidos en el trámite del fast track. 

- Propuestas de CODHES para adecuar la normativa sobre Víctimas al Acuerdo de Paz

 

 

 

INTERVENCIÓN AL DECRETO 903 DE 2017

 

El Decreto 903 de 2017, por medio del cual "se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las FARC EP” pone en serio riesgo de fracaso la política de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Así lo advierte CODHES en su Intervención Ciudadana frente al Decreto 903 y en la que además solicita a la Corte Constitucional la inconstitucionalidad del mismo porque algunos de sus artículos carecen de conexidad con el Acuerdo de Paz.

 

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INTERVENCIÓN AL DECRETO 902 DE 2017

 

CODHES presentó una nueva intervención ciudadana en el trámite de implementación del Acuerdo de Paz. Esta vez la intervención la realizó frente al Decreto Ley 902 de 2017 por el cual “se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras” por considerar que presenta deficiencias desde el punto de vista de su constitucionalidad. Solicita a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de los artículos 5, 6, 7 y 45, así como la constitucionalidad condicionada de los artículos 58, 11, 14 y a algunas expresiones contenidas en el Decreto. 

 

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INTERVENCIÓN AL DECRETO 898 DE 2017

 

CODHES presentó ante la Corte Constitucional una Intervención ciudadana en la que solicita declarar constitucionalidad condicionada a algunos apartes del Decreto 898 de 2017, así como la inexequibilidad en aquellos en los que no hay conexidad entre la reestructuración de la Fiscalía y el Acuerdo de Paz. Con el Decreto 898 se crea al interior de la Fiscalía la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

 

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INTERVENCIÓN AL DECRETO LEY 895 DE 2017

 

CODHES solicita a la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad parcial del Decreto Ley 895 de 2017, que crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política en aplicación de lo acordado en el Punto 2 del Acuerdo Final y con el cual se pretende contribuir a la implementación de medidas que conduzcan a una plena participación política y ciudadana. El Decreto omite la inclusión de las víctimas dentro del sistema de seguridad en la participación política. En su defecto se solicita a la Corte declarar la constitucionalidad condicionada para que se incorporen al Decreto aquellos contenidos que se encuentran en el Acuerdo de Paz y que no fueron recogidos íntegramente en la norma específicamente tratándose de las víctimas y lo establecido en el punto 5.

 

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INTERVENCIÓN AL DECRETO 893 DE 2017

 

CODHES presenta esta Intervención ciudadana considerando que el Decreto Ley 893 de 2017, por el cual se crean los "Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial", presenta algunas deficiencias desde el punto de vista de su constitucionalidad, en especial alrededor de tres ejes fundamentales: a) la autonomía territorial dadas las amplias facultades otorgadas a la ART en materia de coordinación, formulación, implementación y seguimiento de los PDET y los PATR; b) la falta de consulta previa, especialmente al pueblo afrodescendiente; y c) la falta de claridad sobre el enfoque reparador que deben tener los PDET, lo que involucra un riesgo de confusión entre medidas sociales del Estado y reparación y una afectación grave al derecho fundamental de las víctimas a la reparación integral, particularmente de las poblaciones rurales victimizadas.

 

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INTERVENCIÓN AL DECRETO 883 DE 2017 

 

CODHES solicita a la Corte Constitucional declarar inexequible el Decreto Ley 883 de 2017, “Por el cual se modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos en la forma de pago de obras por impuestos”, en tanto:


1) Afecta los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparación, desde la perspectiva del reconocimiento de la centralidad de su resarcimiento en la implementación del Acuerdo de Paz.

2) Atenta contra la prohibición contenida en el Acuerdo de expedir en el marco de su implementación, normativas que sean regresivas respecto de los derechos fundamentales de las víctimas y otros sujetos de especial protección constitucional cuyo reconocimiento fue reiterado en el Acuerdo mismo.

3) Pretermite el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos étnicos susceptibles de ser afectados y la aplicación de esquemas de participación ciudadana y de las víctimas contemplados y reconocidos en el Acuerdo de Paz.

4) Refleja un uso incorrecto del mecanismo excepcional de fast track para emitir una norma en favor de intereses privados de empresas cuya relación con el conflicto armado en varios territorios del país, debe ser objeto de esclarecimiento previo en el marco de la justicia transicional.

  

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 INTERVENCIÓN AL DECRETO 588 DE 2017

  

Una paz basada en la verdad. Esa es una de las aspiraciones del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP como una garantía de no repetición frente a la barbarie vivida durante el conflicto armado. Sin embargo, la expedición del Decreto 588 de 2017 que conformó la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en abril pasado, no recoge del todo esa aspiración al dejar por fuera a los Pueblos indígenas y afrodescendientes del país. CODHES presentó una Intervención ciudadana ante la Corte Constitucional en la que le solicita la declaratoria de constitucionalidad condicionada para algunos artículos del Decreto, en la que conmina al Gobierno nacional a dotar a la CEV de los recursos financieros y en la que enfáticamente solicita a la Corte se pronuncie sobre el déficit de consulta y participación de los Pueblos étnicos.

 

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INTERVENCIÓN AL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017

 

El pasado 4 de abril el Congreso de la República aprobó, vía Fast Track, elActo Legislativo 01 de 2017 con el cual se crean las disposiciones transitorias para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Sin embargo, dos de sus articulados amenazan los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad y la reparación integral. CODHES, mediante unaIntervención ciudadana, alerta a la Corte Constitucional sobre los vacíos que el Acto Legislativo presenta en relación con éstos derechos  y la congruencia y correspondencia del mismo con las normas que regulan su expedición.

 

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INTERVENCIÓN A LA LEY 1820 (LEY DE AMNISTÍA) DE 2017

El pasado 9 de marzo, CODHES presentó ante la Corte Constitucional una intervención ciudadana en el proceso de revisión de constitucionalidad de la Ley 1820 de 2016 o Ley de Amnistía. Esta intervención se presentó en relación con los derechos de participación procesal y de reparación integral de las víctimas de los delitos que son objeto de la amnistía, el indulto y otros tratamientos especiales establecidos en dicha norma.

 

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Intervenciones Ciudadanas presentadas en conjunto con otras organizaciones

 

 

INTERVENCIÓN AL DECRETO LEY 895 DE 2017

EN CONJUNTO CON CCAJAR, CORPORACIÓN YIRA CASTRO, COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS, REINICIAR, HUMANIDAD VIGENTE, MARCHA PATRIÓTICA, HIJOS E HIJAS Y CREDHOS.

 

Este grupo de organizaciones solicita en esta Intervención ciudadana a la Corte Constitucional se declare la constitucionalidad del Decreto Ley 895 de 2017 que crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. El Decreto, a la luz del análisis de las organizaciones, cumple con los criterios de validez formal y material de acuerdo al estándar constitucional como se ha sustentado. Asimismo, solicitan se declare la constitucionalidad condicionada del artículo 2, 13, 14 y 17 en el entendido de que las medidas de prevención, protección y seguridad, así como las garantías asociadas a los derechos ciudadanos incluyen a las y los reclamantes de tierras y, en general, a la víctimas del conflicto armado cuyas vidas se encuentran en riesgo por el ejercicio de sus derechos. Asimismo, que en todas las instancias de los componentes del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política se garantizará la participación activa de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos como fue previsto en el Acuerdo Final.

  

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INTERVENCIÓN AL DECRETO 706 DE 2017

EN CONJUNTO CON MOVICE, CORPORACIÓN YIRA CASTRO, CAJAR, COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA, CIJP, HUMANIDAD VIGENTE, CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD Y LA ESCUELA DE DERECHO DE LA UIS.

 

Decreto 706 "Por el cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y se dictan otras disposiciones"

 

Este grupo de organizaciones de la sociedad civil, solicita se declare la inconstitucionalidad de la totalidad del Decreto 706 de 2017 por cuanto no reúne ninguno de los requisitos mínimos materiales de conexidad objetiva, estricta y suficiente, así como el requisito de necesidad estricta, como parámetros de constitucionalidad fijados por la Corte Constitucional. Y, al contrario, desarrolla materias que son ajenas al Acuerdo Final, contradicen su autenticidad, así como también contradicen los desarrollos normativos dados hasta la fecha para implementar los Acuerdos, como lo son la Ley 1820 de 2016, Acto Legislativo 01 de 2017, Acto Legislativo 02 de 2017, entre otros.

  

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