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Comisión de la Verdad

¿LA VERDAD SIN LOS PUEBLOS ÉTNICOS?

 

 

Una paz basada en la verdad. Esa es una de las aspiraciones del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP como una garantía de no repetición frente a la barbarie vivida durante el conflicto armado. Sin embargo, la expedición del Decreto 588 de 2017 que conformó la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en abril pasado, no recoge del todo esa aspiración al dejar por fuera a los Pueblos indígenas y afrodescendientes del país. CODHES alerta a la Corte Constitucional sobre esta situación.

 

 

Por Prensa CODHES*

 

 

El Decreto 588 de 2017 creó la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) como parte de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno de Colombia. Sin embargo, el Decreto presenta parcialmente problemas de constitucionalidad asociados a restricciones excesivas con respecto al derecho a la verdad y con el desconocimiento de los principios y salvaguardas establecidas en el Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz. (VEA: El logro del Capítulo Étnico en el Acuerdo de Paz)

 

Al respecto, CODHES presentó una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional en la que le solicita la declaratoria de constitucionalidad condicionada para algunos artículos del Decreto, en la que conmina al Gobierno nacional a dotar a la CEV de los recursos financieros y en la que enfáticamente solicita a la Corte se pronuncie sobre el déficit de consulta y participación de los Pueblos étnicos.

 

Y es que en este último aspecto, que debería ser relevante y transversal en toda la normativa de implementación del Acuerdo de Paz, CODHES solicitó a la Corte el cumplimiento de su Capítulo Étnico suscrito dentro del mismo, pues ve con preocupación la ausencia de participación de los pueblos étnicos en la expedición de la norma. Un día antes de la firma del Decreto 588, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), la Confederación Indígena Tayrona (CIT) y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) advirtieron púbicamente que dicha norma para esclarecer la verdad del conflicto armado colombiano estaba a punto de ser expedida obviando la participación de los pueblos indígenas.

 

Esto resulta especialmente grave si se consideran los efectos desproporcionados que el conflicto armado ha tenido sobre los Pueblos indígenas y afrodescendientes y sobre sus territorios. En este sentido, el más reciente informe presentado por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado ante la Corte Constitucional, indica que “una estimación más precisa sobre el peso real de los afrodescendientes en la población desplazada podría ser aproximada o superior al 30 % del total de las víctimas de este crimen en Colombia” (Comisión de Seguimiento, 2016, p. 824).

 

En particular, CODHES destaca como el Decreto 588 de 2017 solo hace tres menciones marginales e incompletas a asuntos étnicos en los artículos 11 (mandato de la CEV) 23 (funciones de los comisionados) y 24 (escogencia de los comisionados) en lo que refiere a la designación de miembros de un Grupo de Género dentro de la CEV y a la diversidad cultural como criterio difuso y marginal de selección de comisionados.

 

Así las cosas, el Decreto 588 quebranta o viola además los principios y salvaguardas específicos referentes a (i) la participación plena y efectiva de los representantes de las autoridades étnicas y sus organizaciones representativas en las diferentes instancias que se creen en el marco de la implementación del Acuerdo Final; (ii) la adecuada incorporación de la perspectiva étnica y cultural en el diseño de los diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales acordados respecto a los pueblos étnicos; y (iii) el respeto y garantía del derecho a la participación y consulta en la definición de los mecanismos judiciales y extrajudiciales establecidos en el Acuerdo de Paz.

 

Si la Comisión (CEV) busca contribuir con el esclarecimiento de patrones de violencia, de los hechos ocurridos, promover el reconocimiento de las víctimas y la convivencia en los territorios, que además tiene 13 principios orientadores, siendo uno de ellos el enfoque diferencial, resulta necesario alertar sobre los vacíos y vicios que el Decreto que la crea tiene.

 

De esta forma, CODHES encuentra necesario que la Corte Constitucional declaré la inexequibilidad diferida o constitucionalidad temporal del Decreto 588 de 2017, entendida como la decisión de no retirar inmediatamente del ordenamiento jurídico el Decreto (por cuanto la expulsión automática de la disposición ocasionaría una situación de desprotección de las demás víctimas en cuanto a su derecho a la verdad), y de establecer, en cambio, un plazo prudencial para que el Gobierno nacional corrija la inconstitucionalidad constatada (Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-737 de 2001), con las siguientes precisiones:

 

a) Que se reitere la obligatoriedad de garantizar la consulta previa y la participación de los pueblos étnicos en la expedición de la norma.

 

 

b) Que con base en lo anterior, se ordene al Gobierno nacional que lleve a cabo el cumplimiento de dicha obligación en un plazo perentorio y razonable (excepcional y especial), acorde con los tiempos del fast track.

 

 

c) Que el Gobierno nacional tendrá que presentar ante la Corte Constitucional en dicho plazo, la constancia de cumplimiento del deber de consulta, como lo establecen los artículos 2.1.2.1.13 del decreto 1609 de 2015 y 1 del decreto 1081 de 2015 y la versión ajustada del Decreto en la que con base en la consulta y participación de los pueblos étnicos, se refleje la perspectiva étnica y cultural de que trata el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz (con sus principios y salvaguardas).

 

 

d) Que de no cumplir con estas obligaciones, vencido el plazo establecido por la Corte, el decreto 588 de 2017 se entenderá como retirado del ordenamiento jurídico.

 

CODHES hace un llamado para que la Corte Constitucional emita un pronunciamiento en dos vías: respecto del Decreto específicamente, y respecto del contexto general de implementación del Acuerdo de Paz a la luz de las obligaciones establecidas en el Capítulo Étnico.

 

 

DESCARGAR LA INTERVENCIÓN CIUDADANA AQUÍ

DESCARGAR EL DECRETO 588 DE 2017

 

*Fotografía y texto de Francy Barbosa. Oficial de Información Pública CODHES/USAID

 

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