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CODHES presenta su Boletín Nº 89 sobre la situación de Emergencia Humanitaria en el país

                                                                                                  

                                                                                                                                                                   

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Este Boletín presenta la situación de derechos humanos de lideresas, líderes y comunidades, en el escenario de la implementación del marco normativo para la atención y reparación integral a las víctimas, vigente desde 2011.

Este análisis de situación se presenta a través de dos indicadores que dan cuenta de la ausencia de protección efectiva a las víctimas y por otro lado, la ausencia de garantías efectivas de no repetición.

Hace un especial énfasis en la tesis de la reagrupación (concentración) de los grupos herederos del paramilitarismo, y en las agresiones a quienes reclaman sus derechos o los derechos de otras personas.

Entre enero y diciembre de 2016 por lo menos 115 personas líderes y lideresas, han sido agredidas por el ejercicio de reclamación de derechos, es decir en 2016 ocurrieron el 25% de los hechos registrados en los últimos 6 años.

 

La crisis humanitaria que se deriva de la sistemática violación a los derechos humanos es un llamado a la comunidad internacional y al Estado, a reconocer que nos enfrentamos a una Paz incompleta, y que la reconciliación requiere superar la violencia incentivada por los grupos herederos del paramilitarismo en Colombia de manera eficaz.

El 77% de las agresiones identificadas en 2016 provienen de Grupos Paramilitares Pos-Desmovilización (GPPD), el 16% de las guerrillas y el 7% como consecuencia de acciones de la Fuerza Pública.

Esto evidencia la intensificación de las acciones de los GPPD contra la población civil, especialmente contra personas con visibilidad comunitaria y política; y personas que reclaman los derechos propios o de otras personas.

 

Lo anterior a pesar que, en el Acuerdo para la terminación del conflicto armado en Colombia, firmado entre las FARC y el Gobierno colombiano, este último se comprometió a:

 

[…] garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral, las acciones contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo1 .

[Subrayado fuera del texto original]

 

Esto señala la urgencia de avanzar de manera efectiva en el proceso de negociación entre el Gobierno y el ELN y buscar un cese al fuego con este grupo armado. También implica concretar estrategias de protección a la población civil y de combate a los grupos armados herederos del paramilitarismo, incluyendo una estrategia eficiente para la prevención de vinculación de niños, niñas y adolescentes en situación de violencia estructural, social y económica a estos grupos armados.

 

Es necesario señalar, que la violencia contra la población civil que se expone en el Boletín, se ha dado especialmente como parte de la continuidad del conflicto armado con otros actores armados tanto guerrilleros como de otro tipo; y que, tanto la Fuerza Pública como las FARC han cumplido en relación con el cese de hostilidades. El cumplimiento de ambas partes en este sentido, es una satisfacción para quienes creemos en la viabilidad del proceso de paz.

 

Para esto la Misión de ONU I para Colombia ha sido fundamental, y en tal sentido, es un llamado a conformar la Misión II para la protección de líderes, lideresas, defensores de derechos humanos y desmovilizados.

 

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