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Reparación Colectiva y Paz Territorial

 

 Papeles para la Incidencia #4 - Ver Documento

 

La política de reparación colectiva tiene como objetivo resarcir los daños colectivos o los daños individuales con efectos colectivos sufridos por comunidades, grupos u organizaciones sociales y políticas producto de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) en el marco del conflicto armado. En el contexto colombiano, la reparación colectiva inició a partir de la puesta en marcha de algunos casos piloto en cabeza de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) en el contexto de implementación de la Ley 975 de 2005.


Posteriormente, con la promulgación de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, de sus decretos reglamentarios y de los Decretos Ley étnicos 4633 y 4635 asociados al artículo 205 de dicha norma (en adelante normativa transicional de 2011), se crea formalmente el programa de reparación colectiva, en cabeza de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV).


En los artículos 151 y 152 de la Ley 1448 se establece que los sujetos de reparación colectiva serán: 1) Grupos y organizaciones sociales y políticas; y 2) Comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito común. 

En el marco de la implementación de procesos e iniciativas de transición como ocurre con el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- FARC (en adelante, Acuerdo de Paz), la reparación colectiva tiene una especial potencial, ya que permite construir vínculos y puentes entre las políticas encaminadas a la reparación de las víctimas y las iniciativas estatales y no estatales de construcción de paz en escenarios locales, regionales y nacionales.

 

Esto es así ya que a través de los procesos de reparación colectiva se busca la reconstrucción de los tejidos sociales, culturales y económicos, así como la de los proyectos colectivos organizativos y de cohesión, afectados por la violencia y el fortalecimiento de las comunidades, organizaciones, agremiaciones y grupos como sujetos políticos relevantes en la construcción de órdenes democráticos e iniciativas sostenibles de paz territorial.


De igual manera, un programa de reparación colectiva tiene el potencial de resarcir daños complejos –políticos, sociales, económicos, ambientales, culturales- como los ocasionados a la identidad cultural, a la autonomía, al tejido social, a las prácticas tradicionales, a estructuras de gobierno propio, al territorio y al ambiente, causados a un espectro amplio de comunidades y sujetos sociales y políticos tales como sindicatos, organizaciones de mujeres, pueblos indígenas, pueblos y comunidades afrodescendientes, organizaciones sociales, organizaciones políticas, comunidades campesinas, entre otros.

 

La reparación de estos daños es fundamental para avanzar hacia escenarios transicionales de reconciliación, democratización y construcción de paz por cuanto contribuyen a la reconstrucción democrática por la vía del reconocimiento y el resarcimiento de la dimensión colectiva y social de los efectos del conflicto armado y sus factores subyacentes.

 

En el marco del Acuerdo de Paz, el tema de reparación colectiva tiene un papel preponderante dentro de las medidas restaurativas contenidas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)contemplado en el punto 5, lo que implica que lo consignado allí deberá articularse y fortalecer los lineamientos actuales de la política. Igualmente, el punto 5.1.3.7 del Acuerdo establece la necesidad de adecuar y fortalecer de manera participativa, la política actual de atención y reparación de víctimas.

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES, presenta las siguientes fórmulas de ajuste a la política actual de reparación colectiva, en el contexto de implementación del Acuerdo de Paz en lo que refiere a los derechos de las víctimas, las cuales son un desarrollo y complemento a la propuesta 7 de las 13 propuestas formuladas por CODHES para la adecuación participativa de la normativa sobre víctimas al Acuerdo Final de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno de Colombia (Papeles de CODHES para la incidencia No. 3), en enero de 2017, y en cierta medida reflejan las inquietudes y propuestas recogidas a lo largo de dos años de trabajo de acompañamiento a sujetos de reparación colectiva, organizaciones de víctimas y observatorios, en el marco del Programa de Participación y Reparación Colectiva de Víctimas CODHES-USAID.

 

CODHES ha iniciado un proceso de incidencia encaminado a contribuir a la implementación del Acuerdo en clave de los derechos de las víctimas, con especial énfasis en la verdad, la justicia y la reparación para las pertenecientes a los pueblos indígenas, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, y las víctimas en el exterior, lo que implica someter a discusión con los actores e instituciones clave en dicha implementación las siguientes propuestas de ajuste normativo y de política pública, buena parte de las cuales hacen referencia al escenario establecido en el sub-punto 5.1.3.7 anteriormente citado, de manera que son un esfuerzo por contribuir a la adecuación de la ruta administrativa o programa de reparación colectiva a los propósitos restaurativos del Acuerdo y a las nuevas oportunidades que ofrece un contexto de post-conflicto armado.

 

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