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Por Fernando Vargas Valencia.

Coordinador de Incidencia Jurídica de CODHES

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

El Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP suscrito en 2016 reconoce expresamente la necesidad de adecuar la actual política de atención y reparación a víctimas al nuevo escenario de postconflicto (Subpunto 5.1.3.7.). Dicho reconocimiento obedece a varias circunstancias, entre las cuales vale destacar:

 

(1) la centralidad de las víctimas y sus derechos en el Acuerdo, lo que lo sitúa a la vanguardia de las experiencias internacionales transicionales respecto de las cuales se cuestionan las iniciativas de paz desarrolladas a espaldas de los derechos de las víctimas de las violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH que dan lugar a la transición;

(2) el escenario de fin del conflicto armado como una ventana de oportunidad para la democratización del país por la vía de la satisfacción de los derechos de las víctimas de dicho conflicto.

 

 

 

 

En este contexto, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES ha planteado una serie de propuestas de modificación de la política de atención y reparación a víctimas (DESCARGUE LAS PROPUESTAS AQUÍ) con especial énfasis en modificaciones y adiciones a la ley 1448 de 2011 (con una correlativa identificación de reglamentaciones susceptibles de ser modificadas o derogadas), en un contexto de reconocimiento de la necesidad de cambios culturales en la sociedad colombiana, en las políticas públicas, en las prácticas políticas y en la situación material de las víctimas. Lo anterior por cuanto la centralidad de las víctimas obedece a un planteamiento ético impostergable en la transición hacia la paz: el reconocimiento de que la víctima hace parte de la sociedad y que sin ella, nadie es ciudadano[1].

 

Enfocar la implementación del Acuerdo de Paz hacia la satisfacción de los derechos de las víctimas, además de recordar el sentido de legitimidad del Acuerdo en el entendido que garantizar justicia a las víctimas del pasado contribuye a asegurar el ejercicio futuro de la política sin violencias, también ayuda a identificar pautas para verificar su adecuada implementación en términos de bilateralidad (el impulso común de las partes para implementar lo acordado) y autenticidad (qué fue lo que acordaron las partes). Así, por ejemplo, un modelo de amnistías o de tratamientos penales especiales o de excepción, enmarcado en un sistema más amplio e integral de verdad, justicia y reparación, está llamado a respetar el postulado del Acuerdo según el cual dicho sistema tiene  dentro de sus finalidades primordiales “la garantía de los derechos de las víctimas”. (DESCARGUE AQUÍ PROPUESTA DE CODHES SOBRE LEY DE AMNISTÍA Y DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS)

 

La adecuación participativa al Acuerdo de Paz de la política de atención y reparación a víctimas está llamada a obedecer a varios criterios, tanto procedimentales, como sustantivos. Desde el punto de vista procedimental, se precisa garantizar que el mecanismo de adecuación y modificación de la política pública sea ampliamente participativo, de manera que garantice la mayor amplitud diferencial respecto de las víctimas que serán convocadas a los espacios de participación y en relación con las temáticas que serán objeto de discusión abierta y de la modificación subsiguiente.

 

De esta manera, CODHES ha propuesto que se aplique una metodología que garantice al tiempo: (a) que las voces de las víctimas sean escuchadas;

(b) la debida sistematización de las propuestas que surjan en los eventos preparatorios y en el evento nacional;

y (c) que las propias víctimas puedan incidir en la discusión con las autoridades públicas sobre los temas y aspectos de la política pública que resulta necesario modificar o transformar para atender a las nuevas oportunidades que brinda el fin del conflicto armado para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

 

Los espacios de participación preparatorios al gran evento nacional al que hace referencia el subpunto 5.1.3.7. del Acuerdo de Paz deben garantizar dicha amplitud y que la discusión se lleve a cabo de manera libre e informada, con base en garantías de acceso y publicidad, especialmente para aquellas víctimas cuya presencia se dificulta significativamente, como es el caso de las víctimas connacionales que se encuentran en el exterior. (DESCARGUE AQUÍ LA PROPUESTA SOBRE PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS)

 

Desde la perspectiva sustantiva, se precisa de una identificación técnica y política de los aspectos susceptibles de modificación para así mismo, determinar los mecanismos más idóneos para ejecutar dichas transformaciones o ajustes. Así, desde la perspectiva de las oportunidades que ofrece el cambio de contexto (de conflicto a postconflicto armado), es necesario revisar aquellos criterios de intervención territorial de instituciones como la Unidad de Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras que han considerado los aspectos de seguridad como centrales para abstenerse de desplegar la oferta institucional en ciertos territorios, de otorgar ciertas medidas o de ejecutar algunos aspectos de la política. Lo anterior es expresado por el Acuerdo en términos de amplitud de coberturas y criterios de focalización, así como en términos de garantías de no repetición y de ampliación del universo de víctimas inicialmente reconocido por la ley 1448 de 2011.

 

Lo propio ocurre con la política pública, en tanto para garantizar la implementación  del Acuerdo de paz de la mano del goce efectivo de los derechos de las víctimas, no basta solamente con cambios normativos. Los cambios en los comportamientos y diseños institucionales serán también determinantes para el éxito de la implementación. Así, por ejemplo, se precisa de estrategias y mecanismos de articulación y coherencia entre el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas (SNARIV) creado en la ley 1448 de 2011 y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) establecido en el Punto 5 del Acuerdo de Paz. (DESCARGUE AQUÍ LA PROPUESTA DE CODHES PARA LA REPARACIÓN COLECTIVA A LAS VÍCTIMAS)

 

Si actualmente existen dificultades de coordinación y articulación interinstitucional al interior del SNARIV para asuntos de reparación colectiva y ejecución de órdenes judiciales de restitución de tierras, por ejemplo, uno de los grandes retos será la articulación y coherencia de la intervención institucional para que las decisiones y acciones desplegadas tanto en el SNARIV como en los órganos del SIVJRNR (Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Jurisdicción Especial para la Paz – JEP - y Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas) cumplan con el propósito de satisfacer los derechos de las víctimas en el entorno de implementación del Acuerdo de Paz. De allí que sea tan importante que la institucionalidad estatal, especialmente la ejecutiva, asuma la coordinación y articulación interinstitucional pro víctima como un asunto de Estado en clave de paz, y como parte de la agenda gubernamental prioritaria para los próximos años.

 

Desde el punto de vista normativo, como se ha dicho, las propuestas giran en su mayoría en torno a la ley 1448 de 2011. Una norma susceptible de ser mejorada, adicionada y modificada, no solo desde la perspectiva de su contenido literal, sino de la normativa que la reglamenta. Para ello se hace necesario identificar las problemáticas que hacen incoherente el tenor y aplicación actual de la ley destacada, con los cometidos del Acuerdo de Paz en la materia desde un enfoque de no regresividad expresado por el propio Acuerdo en términos de no negociabilidad de los derechos de las víctimas y de asunción de los principios de universalidad, igualdad y progresividad para garantizar su satisfacción con especial énfasis en el resarcimiento.

 

Para ello será preciso identificar los temas que serán objeto de adición a la ley 1448, otros que serán susceptibles de ser tramitados por la vía de una norma modificatoria y aquellos que deberán ser tramitados a través de la derogatoria o reforma de sus decretos reglamentarios. También será preciso identificar aquellos aspectos que requieren de coherencia normativa entre la 1448 y otras leyes vinculadas a la implementación del Acuerdo de Paz o que serán modificadas en dicho marco como es el caso de las leyes sobre reforma rural integral (Punto 1 del Acuerdo de Paz), desmantelamiento de las estructuras paramilitares como parte de las garantías de no repetición (Punto 3) y extinción de dominio como parte de la financiación de las medidas de reparación material e integral (Punto 4).

 

Con base en lo anterior, CODHES ha identificado temáticas que son susceptibles de modificar o adicionar la normativa asociada a la ley 1448 desde la perspectiva del sub-punto 5.1.3.7. del Acuerdo de Paz. Así, son objeto de una ley que adicione a la de víctimas, aquellas temáticas que no quedaron explícitamente en la ley 1448 o que quedaron solamente enunciadas, como es el caso de los derechos de las víctimas en el exterior y las garantías para su retorno con acompañamiento institucional, la priorización de las víctimas en el acceso a tierras y a políticas de desarrollo rural integral, fuentes de financiación de la reparación,  los alcances de la ruta administrativa de reparación colectiva a la luz de su relación con actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva, planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET), Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y Jurisdicción Especial para la Paz , fortalecimiento del componente psicosocial,  garantías de no repetición, entre otros. (DESCARGUE LA PROPUESTA DE CODHES SOBRE JEP)

 

Por otro lado, son objeto de una ley modificatoria de la 1448, aquellos temas en los que dicha norma queda rezagada frente a los reconocimientos del Acuerdo de paz, especialmente respecto de la temporalidad del conflicto armado al que busca poner fin (más allá del 1º de enero de 1985 que es la fecha contemplada por la ley 1448 para el reconocimiento de víctimas) y del universo de víctimas reconocido por el Acuerdo (excombatientes y sus familiares; víctimas de hechos distintos a los aceptados por el decreto 4800 como objeto de indemnización administrativa; poblaciones rurales victimizadas; víctimas de desplazamiento forzado transfronterizo; niñas, niños y adolescentes que salen de las filas de las FARC-EP, entre otras), así como en referencia a la profundización en las garantías de los derechos humanos de las mujeres víctimas del conflicto armado.

 

De esta manera, la adecuación participativa de la política de atención y reparación al acuerdo de paz, es un reconocimiento de las partes de la necesidad de modificar dicha política para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas en el entorno del fin del conflicto armado, bajo principios de igualdad y no regresividad, lo que significa que ninguna modificación a la norma que se intente tramitar por la vía del fast track, por más benévola que parezca, podría llevarse a cabo al margen o fuera del espacio amplio de participación contemplado en el propio Acuerdo.

 

Precisamente, vemos en dicho reconocimiento la oportunidad para hacer una lectura crítica de la efectividad de la política de atención y reparación actualmente vigente en el país y para modificarla a la luz de la perspectiva informada de las víctimas, con el objetivo de que sirva para garantizar el goce efectivo de sus derechos, sin que dicha modificación implique limitaciones, anulaciones o restricciones a los estándares de protección reconocidos a éstas en el marco de sus luchas reivindicativas reflejadas en algunos aspectos normativos o jurisprudenciales vigentes.


[1] Cfr. Reyes Mate, M. (2008). Justicia de las víctimas, Barcelona: Anthropos, p. 40.


 

 

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